Comunicado del Movimiento Democrático de Mujeres sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada

El Movimiento Democrático de Mujeres se une al grito de denuncia que el feminismo ha lanzado contra el anteproyecto de ley que modifica la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo.

En el día de hoy las mujeres hemos sido víctimas, de nuevo, de la máxima expresión de la alianza entre patriarcado y capital, que ataca directamente el derecho a decidir sobre nuestras vidas porque únicamente nos contempla como meras reproductoras de mano de obra. Porque limitar el derecho de las mujeres a decidir es la máxima para el control de las vidas de mujeres.

El anteproyecto, además de eliminar los plazos de la actual ley, aprobada en 2010, volverá a un sistema de supuestos similar al de la ley del 85, entre los cuales, se limitará el referido a la malformación fetal. Un retroceso construido, una vez más, sobre la mentira. La Convención de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, de la que el Gobierno hace bandera para justificar este cambio, contempla, en su artículo 10 sobre el derecho a la vida de las personas con discapacidad, que los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, no se pueden establecer plazos diferentes para la interrupción del embarazo en caso de discapacidad, y éstos tendrán que ser los mismos en todos los supuestos. Lo que no significa, ni mucho menos, que no puedan practicarse abortos en estas circunstancias.

Asimismo, el anteproyecto supondrá el fin de los plazos que actualmente permiten interrumpir un embarazo libremente hasta las 14 semanas y que permite abortar a las jóvenes de 16 a 18 años sin la obligación de contar con la autorización paterna y materna. Respecto a las menores de más de 16 años, establece que, en caso de que no haya acuerdo con los padres, el juez podrá negar el derecho de las mujeres a decidir por su “falta de madurez”.

Por otro lado,  como ejemplo más de la restricción de derechos que supone esta propuesta de ley, y en la línea de tratar siempre a las mujeres como menores de edad, el anteproyecto contempla que en el asesoramiento se explicará que la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido y se realizará un estudio sobre las circunstancias concretas de la mujer, a la que se orientará sobre las ayudas concretas a las que tiene derecho.

Por todo esto, desde el Movimiento Democrático de Mujeres insistimos: lo que está en juego, porque los abortos van a seguir produciéndose en todas las circunstancias, es la vida de las mujeres. Reivindicamos que la interrupción voluntaria del embarazo deje de estar tipificada como delito en el Código Penal, también para el personal sanitario, y que su prestación se proporcione dentro de la red sanitaria pública, independientemente del origen, edad, orientación sexual o situación administrativa de quien lo solicite.

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